Falta de libertades y derechos fundamentales en comunidades intervencionistas
El artículo 27 de la Constitución incluye el derecho a la educación y la libertad de enseñanza entre los derechos fundamentales y libertades públicas de nuestro ordenamiento. Para los políticos intervencionistas de Castilla-La Mancha no es así, la educación sólo es un servicio público que manejan a su antojo, cercenando los tres pilares sobre los que se asienta la libertad de enseñanza: libertad de creación de centro, libertad de elección de centro y libertad de ideario.
Los colegios concertados están económicamente estrangulados, de forma que la iniciativa social no existe (sin embargo, en Madrid se concertaron el año pasado dos colegios). En estas circunstancias, no son los ciudadanos quienes configuramos y enriquecemos el sistema educativo con nuestra libre elección o incluso fundando colegios que puedan ser concertados, sino la administración competente quien, de forma intervencionista, configura a su gusto el mapa escolar en cuanto a idearios o proyectos educativos.
La libertad de elección de centro tampoco existe en Castilla-La Mancha, pionera en los llamados decretos de admisión. Con estos decretos, la administración intervencionista controla donde mandar a nuestros hijos, comprimiéndolos en los centros que decide mantener abiertos para ahorrar costes cerrando otros. Eso sí, nos obligan a poner en la matrícula forzosamente tres centros de nuestra elección, para hacernos creer que elegimos centro, cuando en realidad lo que hacemos es darles a elegir a ellos. ¿Qué libertad de educación tenemos los padres que nos quedamos sin plaza en colegios concertados con ideario de nuestra elección, tan saturados y sin plazas vacantes?. ¿Qué libertad de ideario existe en la educación cuando se impide la creación de más colegios concertados? ¿Por qué la Junta de comunidades es tan generosa subvencionando otras empresas, salvo si son educativas?
Lamentablemente esta situación no es única en Castilla-La Mancha, sino que se repite en otras comunidades autónomas de vocación intervencionista. Durante estas fechas muchos españoles residentes en comunidades intervencionistas hemos tenido la frustración de no haber obtenido los puntos necesarios para llevar a nuestros hijos a un centro de nuestra elección. En éstas, solo ejercen la libertad de educación aquellas familias con alto poder adquisitivo que pueden mandar a sus hijos a colegios privados de su elección, mientras que las familias de clase media, que constituimos la gran parte de la población, vemos recortados nuestros derechos y libertades por la escasa oferta de plazas en centros de nuestra elección. Paradójicamente, quienes nos restan libertad de educación a los ciudadanos, llevan a sus hijos a colegios privados. Les pagamos buenos sueldos por recortar nuestras libertades y para que ellos puedan elegir. Qué sarcasmo. Y aún encima saldrán reeligidos.
Francisco Lozano López
