Javier Allué Sus
Una ley que permita abortar a las menores sin el conocimiento de los padres no cuenta ni podría contar nunca con el beneplácito del PAR.
El pasado 26 de septiembre el Gobierno central aprobaba el proyecto de ley orgánica que lo permite. Dos meses después (26 de noviembre) la reforma legislativa superaba su primer trámite parlamentario con 183 votos frente a 162. Un resultado de la votación que demuestra una clara y preocupante división del Parlamento teniendo en cuenta, desde mi prisma personal, que la reforma de una ley de tan hondo calado debería contar con el máximo consenso político y social, en ambos casos inexistente. El aspecto más controvertido de la ley, más polémico y que ha suscitado mayor contestación, es aquel que sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir abortar sin consentimiento ni consulta previa a los padres o tutores legales. Desde mi partido hemos insistido en que la participación de los padres nos parece tan esencial como irrenunciable y, dada la coyuntura en la que nos encontrábamos hace un par de meses, presentamos una propuesta de ley en las Cortes de Aragón con la intención de que la menor aragonesa pudiera contar con asistencia de, al menos, uno de sus progenitores en unas circunstancias de extraordinaria importancia para su futuro y el de su familia. Esa capacidad la otorga nuestro Derecho civil aragonés. Frente al concepto de patria potestad del derecho civil español, en Aragón ha prevalecido el derecho en función de la protección del menor, y esta es una buena ocasión de prevalencia. La futura ley afectaría solo a las familias aragonesas. Mediante la aplicación del Derecho Foral en Aragón, los padres tienen la posibilidad de conocer y participar del que puede ser, casi con toda seguridad, el asunto más importante y trascendental que hasta ese momento les haya tocado vivir al lado de su hija. La asistencia requiere conocer el acto que la menor embarazada se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses llegando a la conformidad entre ambas partes. Ahora, meses después del primer trámite para sustituir la actual legislación vigente desde 1985, la ministra Aído se muestra abierta a negociar que las menores mayores de 16 años comuniquen en sus casas que van a abortar. Ojalá se avance por ese camino. Se cae de cajón que un cambio legislativo de este calado iba a provocar una verdadera tormenta político-social. Las declaraciones de Fernández de la Vega durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo asegurando que es "el que más se ajusta a la realidad social " española, no han convencido. La realidad es que la polémica Ley suscita ahora inquietud en el PSOE lo que debe llevar al Gobierno central a la reflexión para que un mayor número de ciudadanos se sientan más próximos a un texto legislativo que provoca un alto rechazo, más si cabe cuando "la cuestión de los 16 años" irrita a muchos electores de centroizquierda y genera una tremenda división en la sociedad. Por Javier Allué Sus. Portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón
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